El Gobierno incluyó, en el plan de respuesta a la guerra de Ucrania, un tope del 2% en la revalorización de los contratos de alquiler que entrará en vigor hasta el 30 de junio. Este tope de los contratos se aplica a todos los contratos en vigor, sin distinción del número de propiedades que posea el propietario. Sin embargo, la medida no está sirviendo para contener los precios del mercado. De hecho, en la mayoría de las provincias, las viviendas en alquiler anunciadas en los portales inmobiliarios están superando este límite.
El Ejecutivo confiaba en que propietarios e inquilinos pudieran pactar subidas moderadas incluso por debajo del 2%, el porcentaje en el que se fijó el Índice de Garantía de Competitividad (IGC). Pero incluso este índice ya supera este límite, y ha alcanzado el 2,75% en febrero, último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, si propietario e inquilino no llegan a un acuerdo y se rescinde el contrato, el arrendatario se enfrentará a un mercado más caro, es decir, un apartamento de las mismas características y en la misma ubicación, le saldrá mas caro que el que tenía antes.
Según datos de Idealista, la vivienda en alquiler sube una media del 1,1% en España con respecto a abril de 2021. Por provincias, en 39 de ellas, las subidas superan el 2% que el Gobierno ha fijado para los contratos actuales. En Málaga, Huelva y Girona, la vivienda en alquiler ha subido un 13% de precio. En Baleares, alquilar un piso en abril fue un 15% más caro que hace un año. En Barcelona, los pisos son un 6,4% más caros y en Madrid han subido un 2,5%. En cambio, en Ourense, Lleida, Granada, Huesca, Sevilla, Zamora y Córdoba, el precio de la vivienda se ha reducido el mes anterior.
La tendencia al alza es identificada por todos los portales inmobiliarios consultados. Fotocasa señala que «el mes de marzo ha sido el punto de inflexión y los pisos de alquiler han empezado a subir de precio». A nivel nacional, la vivienda disponible es un 4,7% más cara que hace un año. En marzo, subió un 0,8% tras meses de descensos. De acuerdo con los datos recogidos a través de las viviendas registradas en su web, en cuatro comunidades autónomas el incremento de precios ha sido superior al 10% y sólo en Navarra se ha abaratado la oferta de alquiler. En Idealista se observa que desde octubre del año pasado los precios del alquiler han iniciado una curva ascendente.
Los datos recogidos por otros portales inmobiliarios apuntan hacia esta tendencia y resaltan un incremento interanual del 5% a nivel nacional. Concretamente, Baleares (+10%), Madrid, Barcelona y Canarias (+7%) han sido las provincias que han impulsado la recuperación del mercado del alquiler, que hasta ahora había registrado subidas “moderadas”. Las principales razones por las que estas subidas se están produciendo son porque el mercado se está reduciendo. Además, el teletrabajo no se ha implantado como se esperaba y hay un traslado de la demanda a las ciudades limítrofes con las grandes capitales, también conocidas como ciudades dormitorio. A esto hay que sumarle que la oferta de alquiler se ha reducido entre un 30% y un 40%.
Las fuentes consultadas justifican que el límite impuesto por el Gobierno «no tiene impacto en la vivienda disponible» porque ha afectado a los contratos en vigor y no a los de nueva firma. Sin embargo, asumen que la tendencia del mercado es contraria a los deseos del Ejecutivo, que pretendía contener los precios de la vivienda y evitar que se vieran afectados por el aumento del coste de la cesta de la compra o de los productos energéticos. En abril, el índice de precios al consumo interanual se situó en el 8,4% debido a la moderación de los precios de la electricidad y de los carburantes. Sin embargo, la inflación subyacente -que no tiene en cuenta los alimentos ni la energía- subió al 4,4%.
Del mismo modo que los carburantes siguen subiendo a pesar de la rebaja aprobada por el Gobierno, la limitación en la revalorización de los alquileres no está contribuyendo a la moderación de los precios del mercado. Además, el Gobierno podría enfrentarse a un litigio con los particulares por intervenir en el mercado del alquiler. Esta medida supone intervenir en un contrato privado entre dos partes y, por ello, fuentes jurídicas sostienen que se trata de una «violación de derechos adquiridos» en la ley de arrendamientos urbanos.
